Patricia González denuncia el abandono judicial tras la muerte de su hijo Ezequiel “Sapito” Orellano, producida por un choque en el año 2015 camino a su trabajo. La mujer exige explicaciones por un juicio del que jamás fue notificada y pide justicia a casi diez años del hecho.

A punto de cumplirse una década del trágico fallecimiento de su hijo, Ezequiel “Sapito” Orellano, Patricia González alzó su voz públicamente con un video en redes sociales donde narró el largo y doloroso camino de silencio e injusticia que ha transitado desde aquella mañana del 23 de noviembre de 2015. “Nunca me acostumbré a hacer este tipo de cosas, pero me cansé del silencio. Me arrebataron todo”, expresó conmovida.
Ezequiel murió cuando se dirigía a su trabajo en Mina 3, en un siniestro vial protagonizado por un Volkswagen blanco conducido por el señor Tamayo. Desde entonces, Patricia asegura que comenzó su pesadilla. “Busqué un abogado, pedí las cámaras de seguridad, sabía que mi hijo no había provocado el accidente. El peritaje confirmó que la imprudencia fue del otro conductor”, recordó.
Lo que generó su reciente indignación fue enterarse —casi por casualidad y en medio de una citación judicial por otro caso ajeno a ella— que el juicio por la muerte de su hijo ya se había llevado a cabo en marzo de 2024, sin que ni ella ni el padre de Ezequiel fueran notificados. “Me buscó la fuerza pública para declarar como testigo en otra causa, pero en el juicio por la muerte de mi hijo nadie se tomó la molestia de avisarme. ¿La vida de mi hijo no valía nada?”, se preguntó entre lágrimas.
Gracias al acompañamiento de María Sanz, representante en Santa Cruz de Estrellas Amarillas, y de Belén Álvarez, referente de la ONG Familias del Dolor de Río Gallegos, Patricia logró reunirse con el secretario general de la Cámara Criminal, Dr Fernando Costa Bell, quien le permitió acceder finalmente al expediente. Allí se enteró de la condena ya firme contra el conductor involucrado, dictada bajo juicio abreviado, sin intervención ni conocimiento de la familia de la víctima.
Ahora, González exige una audiencia con la fiscal de la causa, Dra María V. Zuvic, para entender quién autorizó que se avanzara con el juicio sin notificación a los familiares directos. Además, realizó un descargo ante Seguridad Vial de Río Gallegos y solicitó que se revisen los protocolos de la empresa implicada en el hecho, apuntando a posibles irregularidades.
González acotó: “Yo lo vi manejando al muchacho que provocó la muerte de mi hijo, en varias oportunidades lo encontré en la YPF cargando combustible en vehículos de transporte y varias veces lo crucé en la ruta igual, entonces no concordaba con lo que era la sentencia. Se comunican delante de mí con el interventor de YCRT, quien confirmó que él pertenecía a la empresa, que estaba manejando y tenía una licencia. Se empezó una investigación donde se afirmó que era una acreditación falsa”.
“Yo no tengo más a mi hijo. Me lo arrebataron. No hay dinero ni condena que repare eso. Pero merecemos justicia, al menos eso. Y no soy la única. Hay muchas familias a las que les hacen lo mismo con estos juicios abreviados, que nos dejan afuera y nos dejan con el dolor y la incertidumbre”, concluyó Patricia, firme en su decisión de no abandonar la lucha.
La historia de Patricia González expone las fisuras del sistema judicial y revive el debate sobre la participación real de las víctimas y sus familias en los procesos penales. Mientras tanto, ella, como tantas otras madres, seguirá peleando hasta el último aliento por justicia para su hijo.